Una alternativa equilibrada es promover acuerdos institucionales y licencias educativas que permitan el acceso legal a recursos digitales. Gobiernos, ministerios de educación y editoriales pueden negociar licencias de uso para escuelas públicas, ofrecer versiones de bajo costo o establecer bibliotecas digitales escolares con acceso controlado. Asimismo, la implementación de programas de compra colectiva o subsidios para materiales educativos digitales haría viable el acceso masivo sin infringir la ley.